Si en verdad el Gobierno Nacional quiere emprender una lucha sin cuartel contra el histórico flagelo de la corrupción en el país, es menester comenzar revisando sus propias cuentas, sus propias filas, sus propios intereses.
Es realmente indignante ver que se enarbolen banderas contra la corrupción desde un sector simplemente como arma para la persecución política en la búsqueda de la neutralización del enemigo y que para ello se utilicen todos los recursos y poderes del Estado venezolano, dejando en entredicho la imparcialidad y la supuesta autonomía política de estos al momento de tomar decisiones.
El venezolano trabajador, honesto, decente quiere ver que de la misma manera que se investiga y persigue de forma feroz por supuestos delitos de corrupción a dirigentes políticos y gobernantes de oposición igualmente se le de celeridad a investigaciones por casos de corrupción tales como las presentadas por el Gobernador del estado Miranda Henrique Capriles contra el ex Gobernador de esa entidad y actual presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello o se tome en cuenta y se le de apertura al caso contra el ex Gobernador de Carabobo Gral. Luis Acosta Carles presentada por el igualmente ex Gobernador Henrique Salas en su momento, (sólo por mencionar sólo algunos). Con ejemplos como este el Poder Ejecutivo estaría dando una prueba inequívoca de que no existen intocables en el alto estamento nacional y que de verdad existe una firme voluntad política de combatir la corrupción además de reafirmar la autonomía e independencia de los Poderes constituidos en el país generando credibilidad y confianza por parte del país hacia estos en momentos en los cuales los venezolanos ven a las instituciones nacionales como tristes apéndices del partido de gobierno.
En el caso del estado Monagas aún están frescos en la memoria del colectivo casos emblemáticos como los presentados contra el ex- Alcalde de Maturín Prof. Numa Rojas y el actual Alcalde del Municipio Zamora Dr. Ángel Centeno, denuncias que fueron presentadas incluso por sus propios camaradas del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero ambos expedientes duermen el sueño de los justos en los archivos de la Fiscalía y Tribunales respectivos .
No pretendemos en este espacio defender ni justificar ninguna acción que afecte los intereses nacionales, sin embargo llama la atención el caso del ex Gobernador del estado Monagas José Gregorio "El Gato" Briceño, a quien en centenares de oportunidades sus detractores denunciaron por innumerables hechos de corrupción siendo estos ignorados reiterativamente por los entes competentes, sin embargo apenas este decide abandonar las filas del partido de gobierno, como por arte de magia son reabiertas las causas en su contra y así tal como lo mencionamos al principio se da muestra una vez más de la Judicialización de la Política o Politización de la Justicia por parte del oficialismo usando los instrumentos legales e institucionales a discreción en función del beneficio político electoral.
¿A qué juega el Gobierno? ¿Es preferible echar por la borda la credibilidad, autonomía y respeto de la Instituciones del país con tal de que estas rindan fidelidad absoluta a un proyecto político personal y se dediquen sólo a neutralizar al enemigo político?.
Ojalá no sea demasiado tarde, cuando se den cuenta quienes ostentan el poder del grave daño que se le hace a la Institucionalidad con estas prácticas y se quiera luego realizar un viraje en la políticas oficiales llamando a un diálogo que tome en cuenta a todos los sectores tal como lo clama de manera urgente el colectivo nacional.
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